La seguridad jurídica es un principio fundamental y por ende columna vertebral de todo ordenamiento constitucional. Es así que para nuestra Corte Constitucional la seguridad jurídica es un principio “central en los ordenamientos jurídicos occidentales”, con “rango constitucional” y “que en términos generales supone una garantía de certeza”.[1] Y en síntesis es precisamente la certeza aquella que nos permite saber qué consecuencias jurídicas recaen sobre el ciudadano en virtud de sus acciones y/u omisiones en sus relaciones con el Estado y con los particulares, teniendo la confianza de que le serán siempre garantizados sus derechos mediante la aplicación de normas vigentes, válidas y respetuosas de la jerarquía que las rige.
Según lo anteriormente expuesto, este importante principio universalmente reconocido, tiene validez en todos los campos del diario vivir. En lo económico, por ejemplo, las empresas “inversionistas, estarían particularmente interesadas en el cumplimiento estable, regular y estandarizado del sistema jurídico (siempre que este maximice sus ingresos)”.[2] En el campo penal y/o administrativo, es menester tener la certeza de quién es el que acusa o alega, por una parte, y de qué se le acusa o qué alega, por la otra.
Centrándonos en el objeto, misión y visión de nuestro oficio como traductores e intérpretes oficiales, miembros de ANATI-O y partiendo de la base que el Castellano es el idioma oficial en Colombia [3] , al traducir o interpretar un documento o una presentación, conversación u otra intervención oral en un trámite administrativo, diplomático, de familia, o penal, del Castellano a otro idioma o viceversa, no sólo estamos dando fe de que lo traducido al idioma de llegada, es fiel al documento o intervención original, sino que además estamos juramentando y por ende garantizando la seguridad jurídica de aquello que ha sido plasmado por el autor del documento o intervención oral.
El “juramento es, simplemente, la afirmación que un sujeto hace, procurándoles a sus destinatarios la convicción de que dice la verdad.”.[4]
Y es precisamente el carácter de “oficial” (el de tener el certificado de idoneidad debidamente expedido por la entidad competente o la Resolución expedida por los Ministerios de Justicia o de Educación) el que hace que nuestra actividad como traductores e intérpretes oficiales, sea un puente importante y fidedigno de comunicación entre dos mundos, en donde las partes que interactúan verbalmente o por escrito, tengan la certeza, la confianza y la tranquilidad de que lo plasmado en el documento fuente, es fiel a lo plasmado por el traductor e intérprete oficial, en el documento o presentación verbal final y que en la mayoría de los casos, servirá como medio de prueba.
[1] Sentencia Corte Constitucional T-502/02, Magistrado Ponente Eduardo Montealegre Lynett
[2] LÓPEZ MEDINA, Diego E., ¿Qué es la seguridad jurídica?, Mayo 23, 2006, DeJusticia, Derecho, Justicia y Sociedad, buscado en Febrero 10 de 2020 y disponible en :https://www.dejusticia.org/que-es-la-seguridad-juridica/
[3] Artículo 10mo. Constitución Política de la República de Colombia, donde dice “El castellano es el idioma oficial de Colombia.” buscado en Febrero 10 de 2020 y disponible en : http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
[4] “JURAMENTO EN LA CONSTITUCION POLITICA VIGENTE” Sentencia C-616/97 de la Corte Constitucional